El amigo sospechoso
Báez, señalado por lavar dinero k
El denominado "caso Báez" es una investigación judicial que impacta muy fuerte en el kirchnerismo, ya que las sospechas de corrupción, lavado de dinero, envío de supuestos fondos ilegales a paraísos fiscales y evasión impositiva afectan a un amigo íntimo, socio y hombre de confianza del ex presidente Néstor Kirchner: Lázaro Báez. Se dice que el empresario de la construcción, sospechado de haber sacado de la Argentina 55 millones de euros, "sabía todo" sobre Kirchner.

La causa, que comenzó como una denuncia mediática en el programa televisivo "Periodismo para Todos" -que conduce Jorge Lanata-, se transformó en una causa judicial y suma, semana a semana, más testigos y vinculaciones entre los principales amigos y colaboradores y la propia familia Kirchner. Cuentas en Suiza, Panamá y Belice, misteriosos vuelos nocturnos a Uruguay y Centroamérica, bóvedas secretas, sociedades fantasmas, bolsos con dinero que llegaban desde Río Gallegos hasta la residencia de Olivos y la financiera SGI -llamada La Rosadita-, operadores financieros en el país y el exterior y las declaraciones de dos testigos privilegiados -luego arrepentidos de sus dichos-, conforman el combo de sospechas e intrigas que rodean a los más encumbrados amigos y beneficiados por el kirchnerismo. El ex vicegobernador santacruceño Eduardo Arnold, que acompañó a Kirchner en su gestión provincial, y Miriam Quiroga, una ex secretaria del extinto mandatario -señalada como amiga íntima de Néstor, lo que le costó ser expulsada de su cargo durante la gestión de Cristina Fernández-, ratificaron muchas de las sospechas. Hasta el momento se concretaron tres allanamientos donde funcionó la financiera SGI, mientras que Báez hizo una declaración pública e inició acciones legales contra los "denunciantes arrepentidos" Leonardo Fariña y Federico Elaskar, señalados como asesores y "valijeros" de la familia Báez. Además, el fiscal federal Ramiro González imputó esta semana al ex secretario de Kirchner, Daniel Muñoz, en la causa iniciada a partir de las denuncias de Quiroga sobre los supuestos bolsos con dinero que circulaban en la Casa Rosada.

Tragedia de Once
Delito de descarrilamiento de tren
Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi fueron procesados por la tragedia ferroviaria de Once -22 de febrero de 2012-, en la que 51 pasajeros murieron y más de 700 resultaron heridos. El juez federal Claudio Bonadio procesó también a otros siete ex funcionarios públicos y directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA). Además fueron procesados los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de TBA, a quienes los acusa por el delito de "descarrilamiento de un tren agravado", por las muertes y por manejar una asociación ilícita destinada a disponer para su provecho los fondos públicos recibidos de parte del Estado. Bonadío estableció fianzas de $ 5 millones para los procesados Jaime y Schiavi, acusados de los supuestos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la falta de controles sobre la concesionaria y las condiciones en que prestaba el servicio.

Dinero guardado en el baño
La primera kirchnerista condenada
La ex ministra de Economía Felisa Miceli fue condenada a cuatro años de prisión por los $ 100.000 encontrados en una bolsa en el baño de su despacho. Se convirtió en la primera funcionaria kirchnerista con sentencia por corrupción. Miceli no irá presa hasta que el fallo quede firme, cuando lo revise la Cámara de Casación. "Evidentemente no tuve estructura de poder propia y muchos otros ministros sí la han tenido, y lo estoy pagando", declaró Miceli apenas se conoció la condena, lo que pareció una crítica directa al kirchnerismo, y comentó que no vivía "en un barrio de lujo o fastuoso". Sin embargo, luego renovó su fe kirchnerista: "no siento que me hayan dejado sola, todos los funcionarios actuales merecen todo mi respeto. Sigo siendo kirchnerista". El dinero fue hallado el 5 de junio de 2007 en una bolsa de papel que estaba en el placard del baño privado de su despacho. Esa suma deberá ser reintegrada de manera actualizada, dijo el tribunal, y advirtió que si Miceli no tiene el dinero, los jueces deberán mandar a rematar su casa de Núñez, que está embargada. No se la condenó por los U$S 31.670, que también se hallaron en el baño, que bien podían haber sido un préstamo, como dijo la ex ministra.

Dádivas
Y viajes gratis , el más complicado de todos 
El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime es quien tiene el frente judicial más complicado. Es que ya fue elevado el caso para que sea juzgado por recibir dádivas y por los viajes gratis que le pagaban empresas de transporte a las que debía controlar. La Justicia confirmó que irá a juicio oral y público. El ex funcionario está señalado porque compañías vinculadas al sector del transporte le pagaron, entre 2003 y 2007, el alquiler de un departamento en Cerrito al 1.500, piso 8° y, desde 2007 en adelante, el de otro inmueble en avenida Del Libertador al 600. Ambos gastos eran abonados por la concesionaria de la terminal de ómnibus de Retiro. En la causa, se comprobó que fue Jaime quien benefició a dicha firma con la concesión de la explotación comercial de la terminal hasta 2015.

Además, Jaime es investigado por varios vuelos internacionales que realizó, solventados por empresas privadas, como la de Claudio Sergio Cirigliano, investigado por el accidente de Once. Además, el ex secretario de Transporte está investigado por sus bienes -la Fiscalía le reclamó que justifique $ 6 millones, que no pudo demostrar cómo los obtuvo-, y por la compra de vagones a España.

Un vice con 14 causas
Boudou, enriquecido en la gestión
El vicepresidente, Amado Boudou, es el funcionario que reúne la mayor cantidad de causas penales en su contra. Hasta septiembre de 2012 tenía 14 en trámite. El juez Ariel Lijo lo investiga por enriquecimiento ilícito y porque supuestamente se interesó en la quiebra de la ex Ciccone Calcográfrica, cuando -como ministro- pidió que la AFIP reviera la quiebra de la empresa impresora. El titular del Senado siempre negó tener relaciones con el director de Ciccone, Alejandro Vandenbroele, quien pagaba las expensas, el servicio de cable y la cuenta telefónica de un departamento del vice en Puerto Madero. La propia empresa encabezada por Vandenbroele benefició con innumerables pasajes aéreos y viajes de placer a un socio y a un hermano de Boudou. Tanto fue creciendo la bola de nieve del escándalo Ciccone que Boudou logró que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, perdiera su puesto y que el juez y el fiscal que llevaban la investigación de Ciccone resultaran apartados del caso. Posteriormente desapareció el expediente que registraba datos de una sociedad extranjera vinculada con Ciccone. Hoy el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de estatizar la empresa Ciccone, lo que implicaría sacar el caso de la agenda. En otra investigación, el juez federal Sebastián Casanello averigua si Boudou intervino en la percepción de más de $ 7 millones, en concepto de honorarios que recibió Vandenbroele por reestructurar la deuda de la provincia de Formosa, a instancias del Ministerio de Economía, cuando lo conducía Boudou. También lo investiga el juez Claudio Bonadío por presuntos datos irregulares en su declaración jurada de bienes de 2010. Boudou también es investigado por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, cuando estaba al frente de ese organismo. También por la compra de 19 automóviles de alta gama sin licitación pública, cuando era ministro de Economía. En los últimos días trascendió que el entorno del vicepresidente embolsó $ 5 millones en ingresos por publicidad oficial durante el primer semestre de 2012.